La mayoría de los estadounidenses apoyan la objeción de conciencia de las Hermanitas de los Pobres

Una encuesta encargada por los Caballeros de Colón ofrece un dato interesante sobre la demanda establecida por las Hermanitas de los Pobres ante la Corte Suprema de Estados Unidos para pedir la protección de su libertad religiosa frente al llamado mandato antinatalista: La mayoría de los ciudadanos del país está de acuerdo con las religiosas.

(Gaudium Press) Un 53% de los encuestados definieron como «injusto» el procedimiento requerido por el gobierno a las religiosas y que equivaldría a su participación en la financiación de fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos, mientras que sólo un 32% no encontró injusta la implementación de la norma. La encuesta fue aplicada a 1020 adultos y reclama un margen de error de 3 por ciento.

Uno de los motivos por los cuales los ciudadanos reconocen como injusta la imposición a las religiosas - incluso en casos de personas que no comparten la visión moral católica - es que el estado sí permite excepciones para otro tipo de empleadores mientras insiste en incluir a varios tipos de empleadores religiosos como las Hermanitas de los Pobres que ejercen actividades como la atención en salud y el trabajo en general por los ancianos necesitados.

El Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, institución católica con 1.8 millones de miembros que financió la encuesta, declaró que «no es razonable para el gobierno que algunos, y solo algunos, empleadores religiosos se involucren en una actividad que es totalmente innecesaria para el propósito señalado por el gobierno de proveer drogas opcionales y moralmente problemáticas a los empleados», según informó National Catholic Register. «Una acción como esa no sólo violenta los derechos de empleadores como las Hermanitas, sino que tampoco concuerda con el entendimiento del pueblo americano de la justicia básica y nuestro largo compromiso de proteger las creencias profundas de cada americano».

Las religiosas han expuesto reiteradamente que la llamada «acomodación» ofrecida por las autoridades aún les exige firmar un documento que se convierte en una cooperación formal y necesaria en el acto moralmente objetable de proveer los productos y servicios establecidos por el gobierno en materia de antinatalidad. La maniobra ha sido calificada como un «secuestro» de los planes de salud por parte del gobierno, fruto de acuerdos privados entre la congregación religiosa y las empresas aseguradoras que prestan la cobertura.